Una sentencia poco justa
Artículo original de José Antonio Ferreira Dapía, sobre la sentencia judicial del caso Alvia, publicado el 31 de julio de 2024
¡Ey Tecnófilos!
La reciente sentencia judicial sobre el caso Alvia ha sacudido nuevamente los cimientos de nuestra sociedad, poniendo de manifiesto una vez más las carencias e incompetencias de nuestros dirigentes. La jueza ha condenado al exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y al maquinista del tren siniestrado, Francisco José Garzón Amo, a dos años y medio de prisión por imprudencia grave. Esta decisión es un insulto a la inteligencia colectiva y un reflejo preocupante de cómo se manejan las responsabilidades en nuestro país.
La tragedia del Alvia, que se cobró 79 vidas y dejó heridas a 144 personas, no es un simple error humano. Es una catástrofe evitada por la falta de implementación y uso adecuado de la tecnología disponible. En pleno siglo XXI, resulta inconcebible que un tren pueda circular a una velocidad excesiva sin ningún tipo de control automatizado que lo impida. Los sistemas de seguridad, como el ERTMS, están diseñados precisamente para evitar este tipo de desastres. Sin embargo, su desconexión y la dependencia absoluta en el factor humano son fallos que no pueden ni deben ser obviados.
Es inaceptable que toda la responsabilidad recaiga únicamente sobre el maquinista y el director de seguridad. La tecnología es la herramienta fundamental y definitiva para hacer a las empresas más competitivas y seguras. La falta de aplicación de los sistemas de seguridad automáticos no solo es una negligencia, sino un crimen. La seguridad ferroviaria debe ser una prioridad y no un gasto secundario. Las decisiones que se tomen deben estar basadas en la máxima de que “lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede optimizar”. En este caso, no se midió ni se controló adecuadamente el riesgo.
Los dirigentes que permitieron la desconexión de sistemas de seguridad avanzados deben ser los primeros en rendir cuentas. Es fundamental revisar y actualizar los protocolos de seguridad ferroviaria, asegurando la implementación de tecnología que evite que un tren supere la velocidad permitida bajo cualquier circunstancia. La brecha digital y tecnológica en la administración pública es un problema muy grave que pone en riesgo la vida de las personas.
La sentencia actual es insuficiente y evade las verdaderas responsabilidades. No podemos permitir que se repita un episodio tan trágico por la ineficiencia y la falta de previsión de nuestros dirigentes. La justicia debe ser firme y exigir la correcta aplicación de la tecnología disponible, garantizando que ninguna vida se pierda por negligencia o incompetencia.
Aún queda la esperanza de que se haga mayor justicia en instancias superiores. Es imperativo que se reconozca la responsabilidad de aquellos que fallaron en implementar las medidas de seguridad adecuadas y se actúe en consecuencia para prevenir futuras tragedias.
La tecnología no debe ser contemplada como un gasto, sino como una inversión. Invertir en sistemas de seguridad avanzados no solo previene accidentes, sino que también protege vidas. Es un deber moral y ético de nuestros dirigentes asegurar que estos sistemas estén siempre activos y en perfecto funcionamiento.
¡Se me tecnologizan!