Artículo original de José Antonio Ferreira Dapía, sobre la corrupción en política en España, publicado el 06 de noviembre de 2026.

La corrupción no se combate sustituyendo a unos protagonistas por otros, sino construyendo instituciones capaces de impedir, detectar y castigar los abusos, gobierne quien gobierne.

¡Ey Tecnófilos!

Hay un viejo dicho gallego que encierra más sabiduría política que muchos discursos parlamentarios: «Andan os ladróns detrás dos que rouban», que, traducido al castellano, significa «Andan los ladrones detrás de los que roban».

Es una frase que mi madre me repetía de vez en cuando, desde que yo era muy pequeño. La decía con esa naturalidad de quien no necesita explicar demasiado porque sabe que la vida terminará encargándose de hacerlo. Mi madre era una mujer de Celanova, esa villa ourensana profundamente gallega, cuna de Celso Emilio Ferreiro y de Manuel Curros Enríquez, donde la literatura y la sabiduría popular parecen compartir las mismas calles. 

Con los años he comprendido que aquellas palabras encerraban bastante más de lo que mi imaginación infantil alcanzaba a entender. Hay enseñanzas que uno recibe de niño y que solo termina de descifrar cuando empieza a conocer cómo funciona el mundo.

No se refiere necesariamente a policías persiguiendo delincuentes. Tampoco a honrados ciudadanos reclamando justicia. Habla de algo bastante más antiguo, más humano y, por desgracia, más reconocible: de quienes se conocen demasiado bien, de quienes compartieron mesa, confidencias y favores y que, llegado el momento, pueden terminar señalándose unos a otros.

Porque hay una diferencia fundamental entre perseguir la corrupción y participar en una guerra de acusaciones entre antiguos compañeros de viaje. Y España vuelve a ofrecernos un escenario donde reflexionar sobre esa diferencia.

Ayer, 5 de noviembre, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil volvió a llamar a la puerta del domicilio de José Luis Ábalos. Un exministro de Transportes que ya no despacha en un ministerio, sino que cumple condena en prisión. La operación se extendió por varias provincias, con seis detenidos posteriormente puestos en libertad, entre ellos la actual pareja del exministro y un empresario vinculado a su entorno político.

También aparecieron, una vez más, las adjudicaciones públicas, los contratos, las empresas y los nombres que llevan demasiado tiempo ocupando titulares.

La justicia deberá determinar las responsabilidades de cada persona en esta nueva investigación. Porque estar detenido, investigado o relacionado con alguien condenado no convierte automáticamente a nadie en culpable.

Pero hay una cuestión que trasciende los procedimientos judiciales. ¿Qué ocurre cuando las personas que compartieron los círculos del poder empiezan a convertirse en protagonistas de las investigaciones sobre ese mismo poder?

Durante años, algunos de estos personajes se movieron en entornos donde una llamada podía abrir una puerta, una recomendación podía facilitar una reunión y una relación personal podía convertirse en una oportunidad de negocio.

No todo contacto es corrupción. No todo favor es delito. Y no toda relación con un político es sospechosa.

Pero cuando aparecen indicios de que determinadas relaciones pudieron utilizarse para obtener beneficios irregulares, la cuestión deja de ser quién conocía a quién y pasa a ser quién hizo qué, para quién y a cambio de qué.

Entonces comienza el verdadero baile.

El que ayer era compañero hoy puede ser testigo. El que parecía imprescindible puede convertirse en una incomodidad. Y aquel cuya discreción se consideraba una virtud puede terminar teniendo mucho que contar.

La lealtad, esa palabra tan hermosa y tan maltratada, adquiere entonces significados diferentes.

Porque la lealtad a las personas nunca debería confundirse con la complicidad en sus posibles delitos.

Y mucho menos cuando lo que está en juego es el dinero público.

Hay algo especialmente inquietante en las tramas de corrupción: rara vez se sostienen únicamente sobre el dinero. Necesitan relaciones, silencios, confianza, intermediarios y la expectativa de que nadie romperá determinados acuerdos.

Hasta que alguien los rompe.

Y entonces comienzan las versiones contradictorias, las acusaciones, los documentos, los mensajes y las explicaciones que llegan años después de los hechos.

De repente, todos parecen recordar conversaciones que antes nadie consideraba relevantes.

La memoria humana es extraordinaria. Especialmente cuando interviene un abogado.

Mientras tanto, el ciudadano observa.

Observa cómo quienes deberían administrar los recursos públicos aparecen en procedimientos judiciales. Cómo algunas investigaciones avanzan durante años. Cómo los partidos utilizan los problemas judiciales de sus adversarios como munición política, mientras defienden la presunción de inocencia cuando los afectados pertenecen a sus propias filas.

Y se pregunta algo bastante elemental: ¿dónde termina la política y dónde empieza el negocio de estar cerca de ella?

Quiero hacer aquí una precisión personal, porque no me gustaría que nadie confundiera mi escepticismo con una cuestión de colores políticos.

Hoy los titulares afectan al entorno de un Gobierno socialista. Pero mi opinión sobre la clase política no depende de quién ocupe la Moncloa. He sido igual de escéptico con los gobiernos anteriores, de distinto signo, y no encuentro motivos para cambiar de criterio con los que puedan venir.

Me considero una persona liberal. Creo en la libertad individual, en la iniciativa privada, en la responsabilidad personal, en la meritocracia y en unas instituciones que estén al servicio de los ciudadanos, y no al revés.

Y debo reconocer que, a estas alturas de mi vida, mi opinión sobre la clase política española difícilmente podría ser peor. No porque considere que todos los políticos sean iguales ni que todos sean corruptos. Sería una generalización tan injusta como intelectualmente perezosa. Sino porque la sucesión de episodios, promesas incumplidas, contradicciones y comportamientos que hemos conocido durante décadas ha deteriorado profundamente mi confianza.

La historia reciente no me invita precisamente al optimismo.

Y cuando cambien las tornas, cuando gobiernen otros, volveré a observarlos con idéntico escepticismo y con la misma exigencia. Estaré expectante, naturalmente. Pero no concederé cheques en blanco a nadie.

No me interesa quién gobierna tanto como cómo gobierna, qué hace con nuestro dinero y qué responsabilidades asume cuando se equivoca.

La honestidad no debería tener ideología. Y la exigencia de ejemplaridad tampoco.

La respuesta no puede consistir en declarar culpable a cualquiera que aparezca en un sumario. Para eso están los tribunales, las pruebas y las garantías procesales.

Pero tampoco puede consistir en normalizar que el acceso al poder se convierta en una moneda de cambio.

En una empresa privada, quien administra recursos ajenos tiene que justificar sus decisiones, sus gastos y sus resultados. En la Administración pública debería exigirse, como mínimo, el mismo rigor. Y probablemente bastante más, porque allí el dinero pertenece a todos.

Siempre he defendido que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede optimizar.

Quizá deberíamos aplicar esa máxima con mucha más determinación a la contratación pública, a los intermediarios y a los mecanismos de supervisión.

Menos discursos sobre transparencia y más transparencia verificable. Menos declaraciones solemnes y más trazabilidad. Menos confianza ciega y más controles independientes.

Porque el problema no es únicamente que puedan existir personas dispuestas a aprovecharse del sistema. El problema aparece cuando el propio sistema ofrece oportunidades para hacerlo y los mecanismos de vigilancia llegan demasiado tarde.

Y aquí regresamos al viejo dicho gallego «andan os ladróns detrás dos que rouban». 

No como descripción literal de los protagonistas de una investigación todavía abierta. Tampoco como sustitución de una sentencia judicial, sino como metáfora de una realidad que la literatura, la historia y la política conocen perfectamente: cuando las relaciones se construyen sobre intereses poco transparentes, las lealtades pueden durar exactamente lo mismo que esos intereses.

Y cuando el castillo empieza a desmoronarse, cada cual busca su propia salida. Unos hablan. Otros callan. Algunos colaboran. Otros se defienden acusando. Y los jueces deben separar las pruebas de las estrategias personales.

Lo verdaderamente importante no es quién consigue contar primero su versión. Es qué puede demostrarse. Porque, al final, el dato mata al relato.

Y mientras los tribunales hacen su trabajo, convendría que la sociedad no perdiera de vista una cuestión esencial: la corrupción no se combate sustituyendo a unos protagonistas por otros, sino construyendo instituciones capaces de impedir, detectar y castigar los abusos, gobierne quien gobierne.

Lo demás corre el riesgo de convertirse en una interminable representación teatral.Cambian los actores. Cambian los decorados. Cambian los discursos.Pero el argumento sigue siendo sospechosamente parecido.

Y uno termina recordando aquella vieja sentencia gallega, pronunciada con la serenidad de quien ya ha visto demasiadas cosas: «andan os ladróns detrás dos que rouban».O, dicho de otra manera: «entre pillos anda el juego».

Y el ciudadano, que paga la entrada sin haber elegido la función, tiene todo el derecho a exigir que, de una vez por todas, se enciendan las luces del teatro.

¡Se me tecnologizan!