¿Y el día que haya una desgracia, qué?
Artículo original de José Antonio Ferreira Dapía, sobre seguridad en los eventos, publicado el 3 de septiembre de 2024.
¡Ey Tecnófilos!
Hoy quiero traer a la mesa un asunto que, aunque muchos prefieren ignorar, podría acabar en tragedia si no se toman las medidas adecuadas: el falseamiento de datos en la organización de eventos en Galicia para eludir las normativas de seguridad y emergencias. Esta práctica, que ya se ha convertido en algo habitual entre ciertos organizadores, no solo es una grave irresponsabilidad, sino que además conlleva riesgos enormes para la seguridad de miles de personas. Y entonces, ¿qué pasará el día que ocurra una desgracia?
En entrevistas personales que he realizado con responsables de eventos públicos y privados, así como con facultativos que firman proyectos de seguridad y autoprotección, la realidad es tan preocupante como sorprendente: muchos reconocen abiertamente que es una práctica común el falseamiento de los datos de aforo. Esta confesión no es solo alarmante, sino que revela una cultura de desprecio hacia las normativas diseñadas para protegernos a todos.
El marco normativo establecido por la Ley 10/2017 y el Decreto 226/2022 no es un capricho burocrático, sino una serie de directrices precisas y necesarias para garantizar la seguridad en eventos de gran escala. Una de las exigencias clave es la instalación de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en eventos con un aforo superior a 5.000 personas. Este PMA es crucial para coordinar emergencias, comunicaciones y la seguridad durante el evento, sirviendo como centro neurálgico en caso de un incidente grave. Sin embargo, las entrevistas han revelado que muchos organizadores manipulan los datos del aforo para evitar esta obligación, con el objetivo de reducir costes. Esta práctica, además de ser ilegal, es tremendamente peligrosa. Si se produce una emergencia y no se cuenta con un PMA operativo, las consecuencias pueden ser desastrosas. Y no olvidemos que esta irresponsabilidad podría derivar en imputaciones penales para los responsables.
Según la normativa, cualquier evento con un aforo de 2.000 personas o más debe contar con un plan de emergencia y al menos dos vigilantes de seguridad, aumentando este número a medida que crece el aforo. Los vigilantes de seguridad son la primera línea de defensa en cualquier evento, responsables de mantener el orden y actuar rápidamente en situaciones críticas. Sin embargo, los mismos responsables admiten que muchos organizadores inflan las cifras para evitar la contratación del personal necesario, poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes.
El Decreto 226/2022 establece requisitos claros para la presencia de ambulancias en función del aforo. Por ejemplo, se requiere al menos una ambulancia de clase B para eventos con un aforo entre 5.000 y 10.000 personas, aumentando este número para aforos mayores. No obstante, el falseamiento de datos de aforo es una estrategia utilizada para evitar este coste, una decisión que podría costar vidas en caso de una emergencia médica. Y, nuevamente, las consecuencias legales de tal negligencia podrían ser graves.
La normativa también exige un número mínimo de aseos en función del aforo, un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que es vital para el bienestar de los asistentes y la higiene general. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas puede llevar a situaciones incómodas y potencialmente peligrosas, especialmente en eventos de larga duración. Los organizadores que ignoran este aspecto están no solo violando la ley, sino también poniendo en riesgo la salud pública.
Las entrevistas que he realizado confirman lo que muchos ya sospechaban: existe una cultura del «todo vale» en la organización de eventos que prioriza el ahorro económico sobre la seguridad. Esta mentalidad no solo es irresponsable, sino que es ilegal y puede resultar en imputaciones penales si la situación se descontrola y ocurre una tragedia.
Es imprescindible que se tomen medidas más estrictas para garantizar que los organizadores de eventos cumplan con las normativas de seguridad. El falseamiento de datos para evitar cumplir con la ley no solo es un peligro para la vida de los asistentes, sino que también podría resultar en serias consecuencias legales para aquellos que lo practican.
La seguridad en eventos multitudinarios no es un lujo ni una opción, es una obligación que debe cumplirse rigurosamente. El día que ocurra una desgracia, será demasiado tarde para lamentaciones. Es ahora cuando debemos exigir el cumplimiento estricto de las normativas, asegurando que los organizadores respeten las leyes que están diseñadas para protegernos a todos.
A los organizadores que aún creen que pueden saltarse estas normativas: recordad que vuestra irresponsabilidad no solo pone en riesgo vidas, sino que también podría llevaros a enfrentar graves consecuencias penales. No esperemos a que ocurra una tragedia para tomar en serio la seguridad.
¡Se me tecnologizan!