Cuando el sistema escucha… pero no actúa.
Artículo original de José Antonio Ferreira Dapía, sobre cómo muchas desgracia se podrían evitar si el sistema actuase correctamente, publicado el 7 de marzo de 2026.
¡Ey Tecnófilos! ¿Qué está pasando por ahí?
Hay tragedias que nacen de la mala suerte. Un desprendimiento imprevisible, un fallo súbito, una tormenta que nadie vio venir. Cosas que ocurren y que, aunque duelan, pertenecen al terreno de lo inevitable.
Y luego están las otras.
Las que empiezan con alguien que ve un peligro y decide hacer lo correcto.
Un vecino detecta que una pasarela está en mal estado. No habla de una grieta estética ni de una barandilla floja. Habla de algo mucho más serio: una estructura que cede, una pasarela que puede venirse abajo si pasa un grupo de personas. Lo dice claro. Llama al 112. El aviso se traslada a la Policía Local.
La información existe. El sistema la recibe.
Y, sin embargo, el sistema no actúa.
Después ocurre lo que ya sabemos. La pasarela colapsa. Seis jóvenes pierden la vida. Una superviviente queda gravemente herida. Y de repente comienza ese ritual administrativo que conocemos demasiado bien: investigaciones, expedientes, ruedas de prensa, y el inevitable intercambio de responsabilidades entre administraciones.
Pero todo eso llega después.
El momento importante ocurrió antes. En ese punto invisible donde una alerta entra en el sistema y alguien decide —o deja de decidir— qué hacer con ella.
Porque aquí no faltó información. Faltó diligencia.
Cuando un ciudadano advierte de un riesgo estructural grave, eso no es una queja menor. No es una incidencia de mantenimiento rutinario. En lenguaje operativo serio, eso es una alerta crítica. Significa que existe un peligro potencialmente letal. Y cuando algo tiene potencial letal, la única respuesta aceptable es comprobarlo.
La clave está en entender para qué existen los protocolos.
Los protocolos no están para adornar manuales ni para justificar organigramas. Están para evitar que la seguridad dependa del humor del día, del cansancio de quien atiende una llamada o del criterio personal de alguien que quizá piensa que “no será para tanto”.
Cuando el criterio humano falla —y a veces falla— los protocolos deben sostener el sistema.
Si una alerta entra, debe quedar registrada. Si no se verifica, debe escalar. Si nadie la cierra, debe volver a saltar.
Eso se llama redundancia. Y la redundancia salva vidas.
En tecnología lo sabemos perfectamente. En comunicaciones críticas, en logística, en sistemas eléctricos o en aviación, los sistemas están diseñados para que un solo error humano no provoque una catástrofe. Hay capas, registros, verificaciones y alarmas.
Porque depender de una sola persona y de una sola interpretación no es un sistema. Es una ruleta.
Y luego está el otro problema, el que casi nadie quiere mirar de frente: la cultura del mantenimiento.
En España tenemos cierta obsesión por inaugurar cosas. Cortar cintas, hacer la foto, colocar la placa conmemorativa. Pero el mantenimiento silencioso, las inspecciones periódicas y la revisión constante de infraestructuras rara vez generan titulares.
Y sin embargo, ahí es donde se decide la seguridad real de un país.
Las infraestructuras no se rompen de repente. Se degradan. La madera se pudre, el metal se fatiga, las fijaciones se aflojan. Y casi siempre hay señales antes de que ocurra lo peor.
Alguien las ve.
Un técnico. Un operario. O simplemente un ciudadano que pasa por allí y nota que algo no está bien.
Ese aviso debería activar el sistema. Debería poner en marcha la maquinaria de prevención. Debería generar una comprobación inmediata, una señalización provisional o, si hace falta, el cierre de la infraestructura hasta que se verifique su seguridad.
Porque cuando hay riesgo de muerte, la prioridad es simple: primero se protege a la gente y luego se discute quién tenía la competencia administrativa.
En este caso, sin embargo, parece que la discusión sobre competencias llevaba demasiado tiempo ocupando el lugar de la responsabilidad real. Ayuntamiento, Costas, administraciones compartidas… ese juego burocrático en el que todos tienen un pedazo de responsabilidad y, curiosamente, nadie tiene la responsabilidad completa.
El resultado es un clásico de nuestra administración: la irresponsabilidad compartida.
Y esa es una fábrica silenciosa de tragedias.
Lo más duro de todo esto es que no hablamos de un peligro desconocido. No hablamos de un fallo técnico imprevisible. Hablamos de un aviso previo. De alguien que levantó la mano y dijo, en esencia: cuidado con esto.
Ese era el momento crítico. El momento donde el sistema debía demostrar que funcionaba.
No lo hizo.
A partir de ahí todo lo demás —expedientes, sanciones, investigaciones— pertenece al terreno de las consecuencias. Importa, claro. Pero llega tarde para quienes ya no están.
La seguridad pública no empieza cuando llega la ambulancia. Empieza cuando alguien escucha un aviso y decide tomarlo en serio.
Vamos a intentar aprender algo.
Un país no se mide por las infraestructuras que inaugura ni por las placas que coloca en ellas. Se mide por la seriedad con la que revisa, mantiene y reacciona cuando alguien advierte de un peligro.
Porque cuando el sistema escucha… pero no actúa, lo que tenemos no es protección civil.
Es simplemente suerte.
Y la suerte, cuando se gestiona una sociedad, es un sistema demasiado caro.
¡Se me tecnologizan!