Carta abierta a los alcaldes de España: la próxima emergencia también llevará vuestra firma.

Artículo original de José Antonio Ferreira Dapía, sobre la carta abierta que le dedica a los alcaldes sobre los planes de seguridad de los ayuntamientos, publicado el 21 de julio de 2026.

La seguridad de los grandes eventos no puede depender de la suerte ni de la frase tantas veces repetida de que “aquí nunca ha pasado nada”. Esta carta abierta interpela directamente a los alcaldes de España y alerta sobre la necesidad de reforzar los sistemas de prevención, coordinación y mando ante emergencias cada vez más complejas.

¡Ey Tecnófilos! ¿Qué está pasando por ahí?

Hoy este artículo no va dirigido a ciudadanos de a pie. Va dirigido a los más de 8.100 alcaldes y alcaldesas de España, gobierne el color político que gobierne y tenga su municipio 300 vecinos o 300.000.

Llevo casi cuarenta años dedicado al mundo de las comunicaciones de emergencia y más de veinte diseñando, fabricando y desplegando Puestos de Mando Avanzado. Hoy no escribo sobre tecnología. Escribo para lanzar una advertencia, firmada con mi nombre y con mi experiencia, a cada alcalde que este año, o el próximo, tenga que autorizar una fiesta patronal, un concierto, una romería o cualquier evento multitudinario con más de cinco mil asistentes.

El 29 de octubre de 2024, mientras Utiel y Chiva ya estaban siendo devastadas por la dana, el CECOPI de la Generalitat Valenciana fue convocado a las tres de la tarde para reunirse dos horas después. El único Puesto de Mando Avanzado del operativo no se desplegó hasta el día siguiente y, además, fuera de la zona más afectada. Una vicepresidenta autonómica llegó a reconocer ante la jueza que aquella tarde ni siquiera sabía qué era un CECOPI. El resultado es conocido por todos: más de doscientas personas perdieron la vida, cientos de peticiones de auxilio no encontraron respuesta y hubo efectivos de emergencia que ni siquiera llegaron a incorporarse al operativo.

No es una opinión. Son hechos que forman parte de las investigaciones judiciales.

Cuando el mando no existe, o llega tarde, la gente muere. Y aquello no ocurrió en un pequeño ayuntamiento sin recursos. Ocurrió en una de las administraciones públicas con más medios de España.

Meses después llegó el apagón nacional de abril de 2025. Cincuenta millones de personas se quedaron sin suministro eléctrico en apenas unos segundos. Cayeron las redes móviles, desaparecieron las comunicaciones, dejaron de funcionar los semáforos, se paralizaron los transportes y los hospitales tuvieron que depender exclusivamente de sus sistemas de respaldo. Por primera vez en nuestra historia reciente, el Gobierno activó el Nivel 3 de Emergencia Nacional y fue necesaria la intervención del Ejército.

Alcalde. Alcaldesa. Hágase una pregunta muy sencilla.

Si ese apagón hubiera coincidido con las fiestas de su municipio, con ocho mil, diez mil o quince mil personas concentradas en sus calles, ¿quién habría coordinado el operativo? ¿Desde dónde? ¿Con qué comunicaciones? ¿Con qué suministro energético? ¿Con qué capacidad real de mando?

Mientras tanto, la Policía Local de muchos municipios continúa perdiendo efectivos. En numerosas localidades las plantillas están muy por debajo de las necesidades reales, mientras el calendario de eventos multitudinarios no deja de crecer: más conciertos, más romerías, más festivales, más pruebas deportivas, más turismo y más responsabilidad.

Pedir a una plantilla cada vez más reducida que gestione eventos cada vez más complejos utilizando prácticamente las mismas herramientas de hace veinte años no es gestionar la seguridad. Es confiar en que nunca ocurra nada. Y cuando la seguridad depende de que la suerte acompañe, ya no estamos hablando de gestión y mucho menos de prevención: es ruleta rusa con la seguridad pública, es asumir un riesgo cuya responsabilidad termina descansando sobre una sola firma.

La tecnología no sustituye a los profesionales. Multiplica su capacidad.

Hoy existen sistemas de videovigilancia apoyados en inteligencia artificial capaces de detectar aglomeraciones y comportamientos anómalos antes de que cualquier operador pueda apreciarlos. Existen drones que supervisan grandes superficies en tiempo real. Existen Puestos de Mando Avanzado capaces de integrar en un único centro de coordinación a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, bomberos y servicios sanitarios, con comunicaciones propias y autonomía energética, incluso cuando el resto de las infraestructuras fallan.

La diferencia entre disponer de un puesto de mando operativo desde el primer minuto o improvisar cuando la emergencia ya se ha producido no se mide en euros. Se mide en vidas.

Por eso escribo esta carta abierta. Porque llevo más de dos décadas viendo cómo demasiadas administraciones siguen diseñando los dispositivos de seguridad de sus eventos por inercia, por precio o escudándose en una frase que se repite con demasiada frecuencia: «Aquí nunca ha pasado nada».

A quienes siguen pensando así solo puedo recordarles una realidad.

En Valencia tampoco había pasado nunca… hasta que pasó.

Y quienes tomaban las decisiones aquel día seguramente también pensaban que no hacía falta ir más allá de lo habitual.

No hace falta esperar a la próxima dana. No hace falta esperar al próximo apagón nacional. No hace falta esperar a la próxima noche de fiesta que termine convirtiéndose en una tragedia para descubrir que el sistema de mando no existía o que llegó demasiado tarde.

Los datos ya están sobre la mesa. La experiencia también.

Tecnologizarse o morir no es un eslogan. Es la realidad a la que se enfrentan hoy todos los responsables públicos que autorizan eventos multitudinarios en España.

Por eso termino con una única pregunta.

Antes de firmar la autorización del próximo evento de más de cinco mil personas en su municipio, pregúntese si, en caso de emergencia, sabe quién asumirá el mando, desde dónde lo ejercerá y con qué medios contará para proteger la vida de sus vecinos.

Porque cuando todo sale bien, nadie pregunta quién diseñó el dispositivo de seguridad.

Pero cuando todo sale mal, esa suele ser una de las primeras preguntas que hace un juez.

¡Se me tecnologizan!